La Administración Pública de la actualidad tiene su origen en Francia, con la Revolución Francesa, cuando se derrota la monarquía y el absolutismo y se crea un nuevo Estado, pensado por y para el ciudadano.
Es de imaginar que esa Administración Pública que nace con la Revolución Francesa está conformada por los liberales, esos que lucharon contra el absolutismo, y vencido éste tomaron el poder.
Parafraseando a GARCÍA DE ENTERRÍA, la Administración Pública que surge después de la Revolución Francesa llegó a ser más poderosa que el propio absolutismo derrotado; un poder fuerte y universal como no lo había conocido el Antiguo Régimen, que concentró y utilizó todos los poderes que existían para la época.
Un cambio radical, sin embargo, se puede apreciar en el origen y ejercicio de ese poder, inmenso, que ejerce desde entonces esa Administración Pública, concebida como fue en Francia, luego de la Revolución, cuyos rasgos generales son los existentes en nuestro sistema. Actúa como autoridad, investida de un poder de imperio, pero lo hace gracias a que tal actuación queda recubierta por un régimen jurídico especial, que es, precisamente, el que está prescrito en el Derecho Administrativo.
En todo Estado de Derecho rige el principio de legalidad. Todos los miembros de la sociedad, libremente, han optado por someterse única y exclusivamente al imperio de la ley, que es a fin de cuentas, la manifestación de la voluntad de todos. El Estado existe y funciona, justamente, gracias a la Ley.
El Derecho Administrativo se erige como reacción frente al surgimiento de la Administración Pública. Es justamente el que le otorga privilegios a la Administración como poder; pero, además, el Derecho Administrativo viene a servir de equilibrio entre aquella, poderosa, y los particulares que, frente a ella, quedaban en franca desventaja.
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